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La Ley de Segunda Oportunidad permite que una persona física, incluidos los autónomos y empresarios individuales, obtenga la exoneración de las deudas que no puede pagar, siempre que sea deudora de buena fe y siga el procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal. En ese procedimiento, cuánto vale lo que tiene el deudor no es un detalle: determina qué se liquida, qué se puede mantener, qué plan de pagos es viable y si la exoneración es posible. Por eso, el informe de valoración se ha convertido en una pieza habitual del expediente, sobre todo cuando el patrimonio incluye una licencia VTC, vehículos o participaciones de una sociedad.

Para un conductor autónomo o el titular de una pequeña flota que ha acumulado deudas con plataformas, proveedores, entidades financieras o con las Administraciones públicas, saber cómo se valoran sus activos y cómo se relacionan con la exoneración ayuda a decidir si conviene acogerse al procedimiento y cómo hacerlo. La valoración pericial en procedimientos de segunda oportunidad se orienta justamente a dar soporte técnico a esas decisiones.

Qué regula la Ley de Segunda Oportunidad

El mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho se encuentra en el Libro Primero, Título X, del Texto Refundido de la Ley Concursal, en la redacción dada tras la reforma de 2022. En términos generales, el deudor persona natural en situación de insolvencia actual o inminente, que actúa de buena fe, puede solicitar la exoneración de sus deudas. El régimen contempla dos modalidades principales: la exoneración con liquidación de la masa activa, en la que se venden los bienes del deudor y lo obtenido se destina a los acreedores, y la exoneración con plan de pagos, en la que el deudor conserva sus bienes y paga durante un periodo determinado la parte de sus deudas que pueda atender.

Antes de llegar al juzgado, la ley prevé la posibilidad de un acuerdo extrajudicial de pagos con la intervención de un mediador concursal, que busca un acuerdo con los acreedores. La experiencia práctica es que el éxito de cualquiera de estas vías depende de que el inventario y la valoración de los bienes sean realistas y estén bien documentados.

Para qué sirve el informe de valoración

El deudor debe presentar una relación completa de bienes, derechos y obligaciones, y el juez o la administración concursal pueden contrastarlo. Un informe de valoración independiente da credibilidad al inventario, previene sospechas de infravaloración y facilita la aprobación de la propuesta.

Qué activos se valoran en el caso de un VTC

• La autorización VTC: su valor depende de la antigüedad, del ámbito territorial, de su situación administrativa y de las condiciones de transmisión. Hay que analizar si es transmisible en el caso concreto.
• Los vehículos: valor de mercado, estado, cargas, financiación pendiente y régimen de propiedad (propiedad, renting o leasing).
• Las participaciones sociales: si el deudor es socio de una sociedad que explota licencias, su valor puede ser relevante.
• Los derechos de cobro: importes pendientes de plataformas o clientes, valorados según su probabilidad de cobro.
• Otros bienes y derechos: inmuebles, cuentas, seguros y cualquier elemento patrimonial.

La normativa excluye de la liquidación determinados bienes, como los inembargables, y protege situaciones como la vivienda habitual en ciertos supuestos con condiciones específicas. Cada elemento debe analizarse con cuidado, porque la clasificación de un bien como afecto o no a la actividad puede modificar su tratamiento.

La relación entre la valoración y la exoneración

Exoneración con liquidación

Cuando se opta por la liquidación, el valor de los bienes determina cuánto recibirán los acreedores y si se cumplen los requisitos para la exoneración. Una valoración demasiado baja puede generar controversia con los acreedores y dar lugar a que se cuestione la buena fe del deudor. Una valoración demasiado alta puede ser un obstáculo a la hora de vender los bienes.

Exoneración con plan de pagos

Aquí la cuestión es la capacidad de pago. El plan se calcula a partir de los ingresos del deudor, de sus gastos necesarios y de su patrimonio, y un informe de valoración de la actividad económica, por ejemplo, de la rentabilidad real de una licencia o de una flota, ayuda a demostrar que el plan es realista y no una promesa vacía.

Los créditos públicos

La ley fija reglas y límites para la exoneración de los créditos de derecho público, como los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, con cuantías máximas y condiciones. Para quienes han acumulado deudas con la Administración, es esencial revisar esas reglas y valorar su impacto en el conjunto del plan.

Un ejemplo hipotético

Un autónomo titular de una autorización VTC y de dos vehículos ha acumulado deudas con entidades financieras, proveedores y la Seguridad Social. Su actividad ha caído y no puede atender los pagos. Un perito analiza el valor de la licencia y los vehículos, cuantifica las cargas que los gravan, estima los ingresos medios del negocio y calcula la capacidad de pago anual. Con esos datos, el deudor y su abogado deciden si proponer un plan de pagos que le permita conservar la licencia o si es preferible liquidar y solicitar la exoneración del resto. Los datos son hipotéticos y no reflejan ningún caso real.

Errores frecuentes

1. Presentar un inventario incompleto o con valores sin soporte.
2. No distinguir entre bienes afectos a la actividad y bienes personales.
3. Ocultar patrimonio, lo que puede comprometer la exoneración.
4. Proponer un plan de pagos que no se sostiene con los ingresos reales.
5. Ignorar las cargas y garantías que afectan a los bienes.
6. Dejar para el final la valoración y quedarse sin tiempo para responder a las objeciones.

Un informe elaborado con tiempo y metodología reduce esos riesgos y mejora la posición del deudor frente a los acreedores. Para el análisis de la información jurídica y empresarial que acompaña a estos casos, el trabajo sobre informes jurídico-empresariales aporta una estructura útil.

Cuándo conviene acudir a un experto

Conviene hacerlo antes de presentar la solicitud o de iniciar la negociación con los acreedores. Una valoración temprana permite saber qué opción es viable, evita decisiones precipitadas, como vender activos a un precio bajo, y facilita preparar la documentación que el procedimiento exige. Si ya existe un procedimiento en curso, el informe puede servir también para contestar a la oposición de los acreedores o a la de la administración concursal.

El perito, como siempre, debe actuar con independencia. Su misión no es lograr la exoneración, sino ofrecer una valoración objetiva que el abogado y el juez puedan utilizar. Un informe que esconde datos incómodos acaba perjudicando al deudor.

Preguntas frecuentes

¿Pueden acogerse los autónomos a la Ley de Segunda Oportunidad?

Sí. La exoneración está prevista para personas naturales, y eso incluye a empresarios y profesionales, siempre que cumplan los requisitos de la ley, en particular la buena fe.

¿Perderé mi licencia VTC?

Depende de la modalidad. En la exoneración con liquidación, los bienes susceptibles de venta pueden enajenarse; en el plan de pagos, el deudor puede conservarlos si cumple el plan. Cada caso requiere análisis jurídico y administrativo.

¿Se exoneran las deudas con Hacienda?

Existe un régimen especial para los créditos públicos con límites cuantitativos. Debe consultarse el texto vigente y estudiar el caso, porque las cuantías y condiciones tienen impacto directo.

¿Quién debe encargar el informe de valoración?

Lo habitual es que lo encargue el deudor, normalmente con su abogado. También puede ser designado por el mediador o el tribunal en determinados supuestos.

¿Cuánto dura el procedimiento?

Depende de la vía elegida, de la complejidad del patrimonio y de la carga de trabajo del juzgado. No es posible dar un plazo general, por lo que conviene planificar con prudencia.

Conclusión

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a autónomos y empresarios VTC una salida legal cuando las deudas son insostenibles, y el informe de valoración es una herramienta clave para que el proceso se base en datos y no en suposiciones. Valorar bien la licencia, los vehículos y la actividad permite elegir entre liquidar o proponer un plan de pagos con conocimiento de causa. Para encajar el informe en la estrategia procesal, la asesoría legal y fiscal de LRB puede coordinar el análisis jurídico y tributario. Y para entender qué ocurre administrativamente con la autorización, puede consultarse el artículo sobre cómo dar de baja una licencia VTC correctamente. También conviene revisar cómo se valoran las empresas y los activos que forman el patrimonio del deudor.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

El valor fiscal mínimo es el límite inferior que la Ley del IRPF impone al valor de transmisión de las acciones y participaciones de sociedades que no cotizan en mercados regulados. Según el artículo 37.1.b de la LIRPF, cuando un socio persona física vende sus participaciones, el valor de transmisión que se tiene en cuenta para calcular la ganancia o pérdida patrimonial no puede ser inferior al mayor de dos referencias: el valor teórico resultante del último balance cerrado antes del devengo y el que se obtiene de capitalizar al 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios anteriores. En la práctica, si el precio pactado es menor, la Administración puede tomar ese mínimo para determinar la ganancia.

Para el propietario de una empresa VTC, la regla tiene consecuencias directas. Muchas de estas sociedades tienen un valor ligado a licencias y a una flota con una rentabilidad variable, de modo que el precio que dos socios consideran justo puede quedar por debajo del mínimo legal, y el resultado fiscal de la venta cambia de forma sustancial. Calcular el mínimo antes de cerrar la operación evita sorpresas. Las valoraciones de empresas y activos permiten además documentar el valor económico real de la sociedad, que no tiene por qué coincidir con el mínimo fiscal.

Qué dice exactamente el artículo 37.1.b de la LIRPF

La norma regula la determinación del valor de transmisión en las transmisiones onerosas de acciones o participaciones no admitidas a negociación. Establece que ese valor no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:

• El valor teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto.
• El que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo. Para este cálculo, la ley indica que se tomen los beneficios, incluidos los no distribuidos, antes de impuestos conforme a los criterios que establece la norma.

Como consecuencia, el valor que se aplica es el mayor entre el precio efectivamente pactado y estos dos umbrales. La redacción exacta, las excepciones y los posibles cambios legislativos deben contrastarse con el texto vigente en el momento del devengo, ya que se trata de una materia que se ha modificado en el pasado.

Cómo se calcula el valor fiscal mínimo

El valor teórico del último balance

Se obtiene dividiendo el patrimonio neto de la sociedad entre el número de participaciones. Se parte, por tanto, de las cuentas anuales aprobadas del último ejercicio cerrado. El patrimonio neto contable no siempre refleja el valor real del negocio: puede infravalorar autorizaciones adquiridas hace años o sobrevalorar activos que ya no se utilizan. Aun así, es la referencia que fija la norma.

La capitalización de resultados

Se calcula la media de los resultados de los tres ejercicios cerrados anteriores y se capitaliza al 20 %, es decir, se multiplica por cinco. En un negocio con resultados volátiles, como puede ser el de una flota afectada por cambios de comisiones, de coste de combustible o de renovación de vehículos, esta media puede arrojar cifras muy distintas de un año a otro. Por ello se analiza con atención qué partidas entran en el cómputo y cómo se han imputado.

Un ejemplo hipotético

Supongamos una sociedad con 1.000 participaciones y un patrimonio neto de 600.000 euros en su último balance cerrado. Los resultados de los tres ejercicios anteriores son 100.000, 80.000 y 120.000 euros, con una media de 100.000 euros, lo que, capitalizado al 20 %, arroja 500.000 euros. El mayor de los dos valores es 600.000 euros, es decir, 600 euros por participación. Si el socio vende todas sus participaciones por 450.000 euros, el valor de transmisión computable sería, a estos efectos, de 600.000 euros y no el precio pactado. Estas cifras son completamente hipotéticas y solo ilustran el mecanismo; el cálculo real exige analizar los datos concretos y la norma aplicable.

Dónde interviene el informe pericial de valoración

Es importante no confundir dos planos. El valor fiscal mínimo es una regla de determinación legal, y el informe pericial no puede sustituirla. Sin embargo, el dictamen sigue siendo útil en varios sentidos:

1. Verificar los datos de partida. El balance y los resultados pueden contener errores, ajustes pendientes o partidas discutibles que modifican el valor teórico o la media de resultados.
2. Documentar el valor económico real. Si el precio pactado es inferior al mínimo por razones objetivas (como contingencias o litigios), un informe que lo explique ayuda a justificar la operación ante el comprador y a defender la ausencia de simulación.
3. Servir a otras finalidades. El mismo valor puede ser relevante para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para el Impuesto sobre el Patrimonio o para conflictos entre socios, donde el estándar de valor es diferente.
4. Cuantificar el efecto fiscal. Permite anticipar la ganancia patrimonial y evitar que el precio acordado sea insuficiente para atender la carga tributaria.

Quien necesite contrastar un criterio de la Administración o de otro asesor puede recurrir a una segunda opinión experta, particularmente útil cuando la diferencia entre el valor pactado y el mínimo es significativa.

Particularidades de las sociedades del sector VTC

En las empresas de transporte con conductor, ciertos elementos complican el cálculo. Las autorizaciones suelen estar contabilizadas por su coste de adquisición, que puede ser muy inferior o superior a su valor actual. La flota se amortiza de forma acelerada, lo que reduce el patrimonio neto contable. Los resultados pueden estar afectados por operaciones vinculadas, retribuciones de socios o gastos extraordinarios de renovación. Y es habitual que una parte del negocio se canalice a través de varias sociedades, de modo que el valor de una de ellas dependa de relaciones con las demás.

Todo ello aconseja revisar la contabilidad con antelación a la venta, identificar partidas que distorsionen el cálculo y, si procede, regularizarlas conforme a la normativa contable y fiscal, nunca para forzar un resultado sino para reflejar la realidad.

Preguntas frecuentes

¿Se aplica a la venta de participaciones por una sociedad?

La regla del artículo 37.1.b pertenece a la normativa del IRPF y se refiere a personas físicas. Las sociedades que transmiten participaciones se rigen por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con criterios propios.

¿Qué pasa si el precio pactado es superior al mínimo?

Se toma el precio pactado, siempre que sea el mayor de las referencias. El mínimo opera como límite inferior y no como valor obligatorio.

¿Puede la Administración comprobar además el valor de mercado?

Las normas generales de comprobación de valores pueden aplicarse en los términos previstos por la Ley General Tributaria. Conviene analizar cada caso para determinar qué reglas concurren.

¿Y si hay pérdidas en la sociedad?

Si los resultados son negativos o el patrimonio neto es reducido, el mínimo calculado puede ser bajo, pero la norma tiene sus propias reglas de cálculo. Un análisis detallado evitaría errores.

¿Cuándo conviene calcular el mínimo?

Antes de fijar el precio. Hacerlo después limita la capacidad de ajustar la operación y puede conducir a pagar más impuestos de los previstos.

Conclusión

El valor fiscal mínimo es un dato imprescindible al vender participaciones de una sociedad VTC no cotizada. Conocer su cálculo permite fijar el precio con información completa y anticipar la carga fiscal real de la operación. El informe de valoración no cambia la regla, pero ayuda a verificar los datos, a documentar el valor económico y a defender la operación si se cuestiona. Para planificar la venta con garantías, la asesoría legal y fiscal de LRB puede acompañar todo el proceso. Para repasar los impuestos que intervienen al vender autorizaciones, resulta útil consultar el artículo sobre la transmisión de licencias VTC y su fiscalidad. Y para un análisis de las vías de contraste, también puede consultarse el catálogo de informes periciales tributarios.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

El régimen FEAC es el régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio de una sociedad europea o cooperativa europea, regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (arts. 76 a 89). Su finalidad es que una reorganización empresarial con motivos económicos válidos no tribute de forma inmediata por las plusvalías latentes. Para una empresa de flotas VTC que quiere agrupar licencias en una sola sociedad, separar la actividad de gestión de la patrimonial o incorporar a nuevos socios, el régimen puede ser decisivo; y un buen informe de valoración es la pieza que permite justificar los valores, el reparto de títulos y la coherencia de la operación.

Esto no significa que el informe sea un requisito formal del régimen especial en todos los casos. Lo es, en cambio, en muchas operaciones societarias por exigencias mercantiles, y siempre resulta útil para acreditar ante la Administración que los valores atribuidos son razonables. Si la reorganización afecta a varios socios, a activos de naturaleza distinta o a operaciones entre partes vinculadas, contar con una valoración específica para reestructuraciones FEAC reduce el margen de discrepancia posterior.

Por qué una reestructuración en el sector VTC necesita valores fiables

Las empresas VTC crecen habitualmente por acumulación: una licencia aquí, una flota allá, a veces con distintos titulares, formas jurídicas o socios. Con el tiempo, esa estructura se vuelve ineficiente. Aparecen sociedades con pocas licencias, vehículos repartidos entre autónomos y empresas, socios que desean salir y problemas de responsabilidad cruzada. Una reorganización permite ordenar la estructura, pero toda operación societaria implica una transmisión de valor que debe medirse.

Si el valor atribuido a los activos o a las participaciones es demasiado bajo, el reparto entre socios puede quedar desequilibrado y la Administración puede cuestionar la operación. Si es demasiado alto, puede generar un fondo de comercio o una plusvalía contable discutible. Y si no existe ningún soporte técnico, cualquier discrepancia posterior se resuelve sin un punto de referencia.

Operaciones que pueden acogerse al régimen

• Fusión: una o varias sociedades transmiten en bloque su patrimonio a otra, a cambio de títulos de ésta.
• Escisión: una sociedad divide su patrimonio en uno o varios bloques que se transmiten a otras sociedades.
• Aportación no dineraria de ramas de actividad: una sociedad aporta a otra una unidad económica autónoma a cambio de participaciones.
• Canje de valores: una sociedad adquiere participaciones de otra a cambio de sus propios títulos, obteniendo la mayoría de derechos de voto.

En el caso de aportaciones, el concepto de «rama de actividad» es esencial. Se entiende como el conjunto de elementos patrimoniales que constituyen una unidad económica autónoma, capaz de funcionar por sus propios medios. Para una flota VTC, no basta con aportar licencias y vehículos sueltos: debe valorarse si existe una organización mínima de medios materiales y humanos, contratos y relaciones con plataformas que formen una actividad económica diferenciada.

Requisitos clave del régimen FEAC

Motivos económicos válidos

El artículo 89 de la LIS excluye la aplicación del régimen cuando la operación tiene como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. Si no existen motivos económicos válidos, como la reestructuración o racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, la Administración puede denegar el régimen. Documentar esos motivos y mantener coherencia entre la operación y la estrategia empresarial es una parte central del expediente.

Neutralidad fiscal

En una operación acogida al régimen, los elementos transmitidos se integran en la sociedad adquirente por los mismos valores que tenían en la transmitente, y las rentas latentes se difieren hasta que los activos se transmitan fuera del grupo o se amorticen. Esa neutralidad se pierde si se incumplen las condiciones o si no se opta por el régimen, y de ahí el interés de planificar con tiempo.

Comunicación a la Administración

La opción por el régimen debe comunicarse a la Administración tributaria en el plazo y forma previstos reglamentariamente, normalmente en los tres meses siguientes a la inscripción de la escritura. Es un trámite formal que no debe olvidarse.

Qué aporta el informe de valoración en la reestructuración

En las sociedades anónimas, la normativa mercantil exige con carácter general un informe de experto independiente para las aportaciones no dinerarias (art. 67 de la LSC), y en las limitadas los socios y administradores responden de la realidad y valoración de lo aportado (art. 73 de la LSC). En fusiones y escisiones, la normativa de modificaciones estructurales prevé informes de administradores y de expertos con alcance diferente según el tipo de sociedad y de operación. Es conveniente revisar en cada caso la norma aplicable en el momento de la operación.

Un ejemplo hipotético

Dos hermanos titulan por separado cinco autorizaciones y ocho vehículos en dos sociedades distintas, con un patrimonio y una rentabilidad desiguales. Deciden unificar la actividad en una sociedad holding mediante la aportación de ramas de actividad a cambio de participaciones. El informe de valoración determina el valor de cada rama, justifica la proporción en la que cada hermano recibe títulos y ofrece una base documental para defender la operación ante una eventual comprobación. Los datos de este ejemplo son hipotéticos y no reflejan ningún caso concreto.

Errores frecuentes en operaciones de reestructuración

1. Aportar activos sueltos sin acreditar que constituyen una rama de actividad.
2. No documentar los motivos económicos de la operación.
3. Atribuir valores sin soporte técnico, lo que genera conflictos entre socios.
4. Olvidar la comunicación de la opción por el régimen.
5. No considerar el efecto fiscal posterior de transmitir las participaciones recibidas dentro del plazo en que se pueden perder beneficios.

La revisión previa por un experto independiente permite detectar estos riesgos antes de firmar. Un enfoque de due diligence previa a la operación ayuda a identificar contingencias fiscales, laborales o administrativas que podrían complicar la reorganización.

Preguntas frecuentes

¿El régimen FEAC es opcional?

Es el régimen fiscal general de las operaciones de reestructuración que cumplen los requisitos, aunque la entidad adquirente debe comunicarlo y la opción debe formalizarse. Si la operación no cumple los requisitos, se aplican las reglas generales.

¿Es obligatorio un informe de valoración para acogerse al régimen?

La normativa fiscal no lo exige como condición en todos los casos, pero la mercantil puede hacerlo según el tipo de sociedad y operación, y en la práctica resulta muy recomendable.

¿Se pueden aportar licencias VTC sin vehículos?

Puede hacerse, pero entonces es más difícil sostener que se aporta una rama de actividad. La viabilidad depende de qué otros medios y relaciones se aporten junto con las autorizaciones.

¿Qué pasa si la Administración deniega el régimen?

La operación tributaría por las reglas generales, con la posible regularización de las rentas que se difirieron. Los intereses y, en su caso, la sanción dependerán de las circunstancias.

¿Cuándo conviene iniciar la planificación?

Antes de firmar cualquier escritura. Una vez ejecutada la operación, corregir los valores o los motivos económicos es mucho más complicado.

Conclusión

El régimen FEAC permite reorganizar una empresa VTC sin que la operación tribute de forma inmediata, siempre que se cumplan sus requisitos y existan motivos económicos válidos. El informe de valoración es la herramienta que da soporte a los valores y a la relación de canje, y reduce el riesgo de conflictos con los socios y con la Administración. Si se está planificando una reestructuración, la asesoría legal y fiscal de LRB puede ayudar a diseñar la operación en su conjunto. Para ver el tratamiento de las estructuras con varias licencias, resulta útil el artículo sobre el holding fiscal para flotas VTC con varias licencias.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

La valoración de empresas VTC consiste en asignar un valor razonado a una sociedad que explota autorizaciones de transporte con conductor, con su flota, sus contratos con plataformas y su plantilla. No existe una cifra única y objetiva: según el método elegido, la finalidad de la valoración y la fecha de referencia, el resultado puede cambiar de forma notable. Por eso importa menos el número final que el razonamiento que lo sostiene, y por eso un método bien escogido y bien explicado es la mejor defensa ante un comprador, un socio o la Administración tributaria.

Las empresas de este sector tienen rasgos propios que condicionan cualquier valoración: una parte muy importante del valor está en intangibles (las autorizaciones y, en su caso, la relación con plataformas), los vehículos se deprecian con rapidez, la rentabilidad depende de la utilización de la flota y de las comisiones, y el marco regulatorio ha cambiado varias veces en pocos años. Quien valora debe entender esos factores antes de abrir una hoja de cálculo. Las valoraciones de empresas y activos exigen, precisamente, adaptar cada técnica a las particularidades del negocio.

Los tres grandes enfoques de valoración

La práctica profesional agrupa las técnicas en tres familias. Cada una responde a una pregunta diferente y ninguna es adecuada para todos los casos.

Descuento de flujos de caja (DCF)

Estima los flujos de caja libres que la empresa generará en los próximos ejercicios y los descuenta a una tasa que refleja el riesgo del negocio. Es el método más completo para empresas en funcionamiento con previsiones fiables, porque recoge el crecimiento, las inversiones en renovación de flota y el efecto de la fiscalidad. Su debilidad es la sensibilidad: pequeños cambios en la tasa de descuento o en el valor terminal alteran mucho el resultado. En una empresa VTC, hay que justificar con especial cuidado hipótesis como el precio de las licencias a futuro, los costes de sustitución de vehículos o la dependencia de una sola plataforma.

Múltiplos de mercado

Compara la empresa con operaciones o sociedades similares, aplicando múltiplos sobre magnitudes como el EBITDA, los ingresos o el número de autorizaciones. Es rápido y fácil de comunicar, pero depende de que existan comparables realmente homogéneos. En un sector con pocas transacciones publicadas, hay que ser prudente: una operación aislada no es un mercado, y los precios pactados entre partes vinculadas o en circunstancias especiales no sirven como referencia sin ajustes.

Valoración patrimonial

Parte del balance, ajusta los activos y pasivos a su valor razonable y obtiene el patrimonio neto corregido. Resulta útil cuando la empresa tiene un valor principalmente asociado a sus activos, cuando el negocio no es continuado o cuando se utiliza como suelo de valor. Es el enfoque habitual en liquidaciones y en sociedades patrimoniales, aunque suele infravalorar el fondo de comercio de un negocio rentable.

Cómo elegir el método según la finalidad

Antes de decidir la técnica, hay que fijar para qué se valora, porque la finalidad condiciona el estándar de valor aplicable. No es lo mismo determinar un precio para una compraventa entre partes independientes que acreditar un valor ante una comprobación tributaria, respaldar la contabilización de una combinación de negocios o fijar el importe a pagar a un socio que se separa. Las distintas finalidades de un informe pericial explican por qué el mismo negocio puede tener valores diferentes sin que ninguno de ellos sea erróneo.

• Compraventa de la sociedad: suelen combinarse DCF y múltiplos, contrastados con el patrimonio neto ajustado.
• Comprobación de valores por la Administración: conviene demostrar coherencia con el método legalmente previsto o con criterios de mercado verificables.
• Sucesión o donación de la empresa familiar: se valora el negocio en funcionamiento y se analiza la aplicación de las reducciones previstas en la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Salida de un socio: el valor razonable de las participaciones debe fijarse con criterios homogéneos y, si hay desacuerdo, puede determinarlo un experto independiente.
• Reestructuración o aportación de licencias: hay que acreditar valores razonables para determinar el tratamiento fiscal.

Particularidades de una flota VTC a la hora de valorar

Hay varios elementos que un valorador experimentado revisa de forma específica en este sector. El primero es la naturaleza y vigencia de las autorizaciones: su antigüedad, su ámbito territorial, la existencia de procedimientos sancionadores y las limitaciones que impone la regulación autonómica. El segundo es la composición de la flota: edad media, tipo de propulsión, régimen de propiedad, renting o leasing y valor residual. El tercero es la estructura de ingresos: concentración en una plataforma, contratos directos con clientes corporativos, estacionalidad y comisiones. Y el cuarto es la estructura de costes y la calidad de la información contable, porque un buen método aplicado a cifras poco fiables produce un resultado igual de poco fiable.

Un ejemplo hipotético

Supongamos, a efectos puramente ilustrativos, una sociedad con doce vehículos y un EBITDA normalizado estable. Aplicando un múltiplo razonable se obtiene un valor de empresa; el DCF, con una renovación de flota prevista a tres años, ofrece una cifra algo inferior porque absorbe inversiones relevantes; y el patrimonio neto ajustado, que sólo recoge los vehículos y las autorizaciones a valor razonable, arroja un valor aún menor. La conclusión de un informe riguroso no sería promediar a ciegas, sino explicar por qué un método debe tener más peso que los otros, cómo se concilian las diferencias y qué rango de valores resulta defendible. Estas cifras y circunstancias son hipotéticas y no representan ningún caso real.

Errores frecuentes al valorar una empresa de este sector

1. Dar por buenos los resultados históricos sin normalizarlos de partidas extraordinarias o de retribuciones atípicas de los socios.
2. Aplicar múltiplos de otros sectores o de operaciones no comparables.
3. Ignorar el coste de renovar la flota en el flujo de caja.
4. Tratar las licencias como un activo con valor constante, sin considerar la evolución normativa.
5. No documentar las fuentes ni los criterios, lo que impide reproducir el cálculo.
6. Elegir el método en función del resultado deseado y no de la finalidad de la valoración.

Qué puede esperar quien encarga una valoración

Un informe de valoración serio incluye el objeto y alcance, la fecha de valoración, la documentación analizada, el análisis del negocio y del sector, la elección motivada del método, los cálculos, un análisis de sensibilidad y las conclusiones con sus limitaciones. Cuando el informe va a utilizarse ante la Administración o ante un tribunal, debe reunir además los requisitos de objetividad y motivación propios de la prueba pericial. Puede consultarse con más detalle cómo se aborda la metodología pericial en cada trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Qué método de valoración es el más preciso?

Ninguno lo es en abstracto. El DCF es el más completo para negocios en marcha, pero depende de hipótesis; los múltiplos son ágiles pero requieren buenos comparables; el patrimonial es sólido pero conservador. Lo habitual es contrastar al menos dos métodos.

¿Cuánto vale una licencia VTC dentro de la empresa?

Depende de su antigüedad, ámbito territorial, estado administrativo y condiciones de mercado. Para estimarlo hay que analizar operaciones comparables y la rentabilidad que permite obtener, no basta con una referencia genérica.

¿Se puede valorar una empresa pequeña con un solo vehículo?

Sí, aunque el método será más sencillo. Habitualmente se combina el valor del vehículo y la autorización con una estimación de la rentabilidad que genera, y se documenta con la información disponible.

¿Qué diferencia hay entre valoración y tasación?

La tasación suele asignar un valor a un bien concreto. La valoración de una empresa analiza un negocio completo, sus flujos y sus riesgos, y explica el razonamiento seguido.

¿Con qué antelación conviene encargar la valoración?

Antes de cerrar la operación, la reestructuración o la declaración tributaria en la que va a utilizarse. Hacerlo después limita las opciones y puede obligar a justificar valores que ya están fijados.

Conclusión

Valorar una empresa VTC es un ejercicio de criterio técnico apoyado en datos: se escoge el método que mejor responde a la finalidad, se contrastan resultados y se documenta cada paso. Para el titular de una flota, entender estas bases ayuda a preparar mejor una venta, una sucesión o una discusión con la Administración. En caso de comprobación tributaria, contar con una defensa fiscal con LRB permite integrar la valoración en la estrategia general. Y para completar el análisis del precio de las autorizaciones, resulta útil consultar el artículo sobre los factores que influyen en el valor de mercado de una licencia VTC.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado